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El nuevo texto establece regulaciones a las financiadoras de primas (Archivo)
En julio entró en vigencia la Ley de la Actividad Aseguradora, que obliga a las empresas a modificar los términos de las pólizas, en especial las de salud. Entre los cambios están la ampliación de las coberturas, las regulaciones al financiamiento de primas y la creación de seguros solidarios. Las empresas, según el texto, tienen un plazo de 180 días para adaptarse a las regulaciones, pero ya los cambios se iniciaron.
Las empresas tienen hasta el mes de octubre para presentar sus planes de adecuación ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y luego seis meses para ejecutarlos. Sin embargo, los usuarios ya perciben las modificaciones, porque las compañías están realizando ajustes. Algunas empresas están revisando las tarifas y los plazos para los financiamientos de los contratos.
Fuentes del sector Seguros exponen que en el mercado existe incertidumbre y ello explica las variaciones que se registran en los seguros de salud.
Mayores pagos
Cuando Rosario Puentes renovó la póliza de salud para su familia, el corredor le indicó que el financiamiento de las primas será por un plazo de cinco meses, en lugar de siete, y ese recorte en los tiempos de pago afecta su bolsillo, cada mes tendrá que pagar 40% más para poder seguir con la misma cobertura.
El financiamiento de primas permite a los asegurados que no cuentan con los ingresos suficientes para cancelar en una sola oportunidad el contrato, pagar de manera fraccionada, pero ese esquema cambió con la reforma legal.
El nuevo texto establece regulaciones a las financiadoras de primas, que si bien pueden seguir operando, ya no pueden utilizar a la póliza como garantía. Fuentes del sector Seguros explican que las financiadoras ahora tendrán que realizar análisis de riesgos a los usuarios, lo que implica ajustes en las autorizaciones.
Corredores de seguros indican que esos cambios en el esquema de financiamiento están generando inquietud en los asegurados, porque no todos pueden pagar de contado sus pólizas. Agregan los usuarios que tienen sus dudas sobre si continuar o no con los contratos.
Más allá de los cambios en los financiamientos, también los asegurados se enfrentan a ajustes en las tarifas. Cuando Estela Calderón la semana pasada fue a cancelar su póliza, recibió la noticia de que tenía que pagar un monto adicional.
Aunque las tarifas tradicionalmente han sido revisadas por las autoridades, ahora el organismo supervisor tendrá más injerencia. Según el texto, las compañías no podrán efectuar "ajustes de primas por alta siniestralidad durante el período para el cual ha sido calculada la prima del seguro o de la medicina prepagada".
La norma agrega que "por razones de interés público o social, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora podrá aprobar una tarifa uniforme para cierta clase de riesgos, y las empresas tendrán que aplicarlas en sus operaciones en el ramo correspondiente".
Por lo tanto, las tarifas ahora serán más fiscalizadas.
Efectos Un reporte de la firma ODH sobre la Ley de la Actividad Aseguradora revela que las nuevas regulaciones generarán un deterioro del sector. Explica que al tomarse en cuenta lo previsto en el texto, habrá una asignación ineficiente de recursos. "Las empresas aseguradoras quedan con menor discrecionalidad al momento de escoger sus clientes, por lo que tratarán de aumentar sus tarifas para cubrir los riesgos".
El informe señala que esta intervención del mercado asegurador forma parte de la estrategia del Gobierno de considerar a ese sector como estratégico. "En los últimos meses el Ejecutivo se ha esforzado en regular la actividad financiera. Ha creado normas que desvían los recursos financieros hacia los sectores de interés y con esto ha logrado tener mayor control sobre los fondos de los privados".
Las empresas tienen hasta el mes de octubre para presentar sus planes de adecuación ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y luego seis meses para ejecutarlos. Sin embargo, los usuarios ya perciben las modificaciones, porque las compañías están realizando ajustes. Algunas empresas están revisando las tarifas y los plazos para los financiamientos de los contratos.
Fuentes del sector Seguros exponen que en el mercado existe incertidumbre y ello explica las variaciones que se registran en los seguros de salud.
Mayores pagos
Cuando Rosario Puentes renovó la póliza de salud para su familia, el corredor le indicó que el financiamiento de las primas será por un plazo de cinco meses, en lugar de siete, y ese recorte en los tiempos de pago afecta su bolsillo, cada mes tendrá que pagar 40% más para poder seguir con la misma cobertura.
El financiamiento de primas permite a los asegurados que no cuentan con los ingresos suficientes para cancelar en una sola oportunidad el contrato, pagar de manera fraccionada, pero ese esquema cambió con la reforma legal.
El nuevo texto establece regulaciones a las financiadoras de primas, que si bien pueden seguir operando, ya no pueden utilizar a la póliza como garantía. Fuentes del sector Seguros explican que las financiadoras ahora tendrán que realizar análisis de riesgos a los usuarios, lo que implica ajustes en las autorizaciones.
Corredores de seguros indican que esos cambios en el esquema de financiamiento están generando inquietud en los asegurados, porque no todos pueden pagar de contado sus pólizas. Agregan los usuarios que tienen sus dudas sobre si continuar o no con los contratos.
Más allá de los cambios en los financiamientos, también los asegurados se enfrentan a ajustes en las tarifas. Cuando Estela Calderón la semana pasada fue a cancelar su póliza, recibió la noticia de que tenía que pagar un monto adicional.
Aunque las tarifas tradicionalmente han sido revisadas por las autoridades, ahora el organismo supervisor tendrá más injerencia. Según el texto, las compañías no podrán efectuar "ajustes de primas por alta siniestralidad durante el período para el cual ha sido calculada la prima del seguro o de la medicina prepagada".
La norma agrega que "por razones de interés público o social, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora podrá aprobar una tarifa uniforme para cierta clase de riesgos, y las empresas tendrán que aplicarlas en sus operaciones en el ramo correspondiente".
Por lo tanto, las tarifas ahora serán más fiscalizadas.
Efectos Un reporte de la firma ODH sobre la Ley de la Actividad Aseguradora revela que las nuevas regulaciones generarán un deterioro del sector. Explica que al tomarse en cuenta lo previsto en el texto, habrá una asignación ineficiente de recursos. "Las empresas aseguradoras quedan con menor discrecionalidad al momento de escoger sus clientes, por lo que tratarán de aumentar sus tarifas para cubrir los riesgos".
El informe señala que esta intervención del mercado asegurador forma parte de la estrategia del Gobierno de considerar a ese sector como estratégico. "En los últimos meses el Ejecutivo se ha esforzado en regular la actividad financiera. Ha creado normas que desvían los recursos financieros hacia los sectores de interés y con esto ha logrado tener mayor control sobre los fondos de los privados".
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